Robinho continuará en prisión tras rechazo de recursos

El ex futbolista brasileño Robinho seguirá cumpliendo su condena de nueve años de prisión por violación colectiva, luego de que la Corte Suprema de Brasil rechazara los recursos interpuestos por su defensa. La decisión de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) fue de 9-2 en contra de las solicitudes que pedían su liberación.

Robinho, quien en su momento jugó en clubes como el Real Madrid y el AC Milan, se entregó a las autoridades brasileñas en marzo de 2023, tras la homologación de una condena dictada por la justicia italiana en 2017. En Italia, el ex atacante fue sentenciado por su participación en una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán. La condena fue confirmada en 2022.

Rechazo a los argumentos de su defensa

La defensa de Robinho, quien tiene 40 años, había solicitado la liberación del ex futbolista alegando irregularidades procesales y objetando la constitucionalidad de la ley que permitió la convalidación de la condena italiana en Brasil. Sin embargo, los magistrados del STF no encontraron evidencia de ilegalidad o abuso de poder en los argumentos presentados, lo que llevó a la corte a rechazar los recursos.

El juez Luiz Fux, encargado de dictar la resolución, señaló que no hubo violación de las normas constitucionales ni de tratados internacionales por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había autorizado la ejecución de la pena en Brasil.

Robinho, quien siempre ha defendido su inocencia, sostiene que la relación con la víctima fue consensuada, pero la justicia italiana determinó lo contrario. La condena a nueve años de prisión se mantiene vigente, y la defensa del ex futbolista continuará luchando por su liberación en los tribunales brasileños.

Con la decisión del STF, Robinho continuará recluido en una cárcel de Sao Paulo, donde cumple su condena desde hace varios meses. La resolución reafirma el proceso judicial que permitió que la sentencia italiana fuera cumplida en Brasil, dado que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de ciudadanos brasileños.