Cinco ex servidores públicos estatales y municipales fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la explosión registrada en noviembre pasado en una sucursal de la tienda Waldos, ubicada en un centro comercial de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, además de un bebé en estado de gestación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información oficial sobre el desarrollo de la audiencia ni sobre las resoluciones adoptadas por el juez de control. No obstante, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, de un total de siete ex funcionarios imputados, cinco fueron vinculados a proceso.

Según dichas versiones, Carlos Jesús Arias, ex director interno de la Comisión Estatal de Protección Civil de Sonora, quedó fuera del proceso debido a la prescripción de los delitos que se le atribuían. En tanto, Martín Manuel Martínez, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal, no fue vinculado al acreditarse que no ocupaba el cargo durante el periodo en el que la Fiscalía situaba los hechos.

Durante el primer receso de la audiencia, trascendió que el juez de control señaló diversos elementos que influyeron en su análisis, entre ellos la falta de definición sobre si la responsabilidad de las inspecciones correspondía al ámbito estatal o municipal. También se habrían planteado dudas sobre el aforo autorizado del establecimiento y la cantidad real de personas que se encontraban en el lugar al momento del siniestro, así como inconsistencias relacionadas con el giro comercial de la tienda Waldos, que opera al menos 68 sucursales en Sonora.

Las fuentes indicaron que el juzgador realizó una revisión detallada de los datos de prueba presentados por la Fiscalía, lo que habría extendido la duración de la audiencia, y que posteriormente ampliaría su resolución para atender los argumentos expuestos por las defensas. Hasta las 20:00 horas de este lunes no se había notificado formalmente la conclusión de la diligencia.

De manera preliminar, se informó que los cinco ex funcionarios vinculados a proceso enfrentarán el procedimiento en libertad, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles omisiones o irregularidades en las autorizaciones y supervisiones previas a la explosión. De forma paralela, se indicó que ninguna persona relacionada con el caso se encuentra actualmente en prisión.

De manera extraoficial, se señaló que el gerente de la tienda acudió al juzgado con un amparo que le permitió evitar la imposición de prisión preventiva. No obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El proceso judicial permanece abierto, ya que aún está pendiente la definición de la situación legal de al menos 12 personas más, entre ellas otros ex servidores públicos, empleados del establecimiento y un inspector de la Comisión Federal de Electricidad, quienes deberán comparecer en próximas audiencias.

A casi tres meses de la explosión e incendio que causaron la muerte de 24 personas, un bebé en gestación y dejaron más de 12 personas lesionadas, el caso continúa su curso en los tribunales, a la espera de pronunciamientos oficiales por parte de la Fiscalía estatal que confirmen o amplíen la información disponible.