El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) informó que una familia originaria de China, compuesta por una madre y tres niños, fue finalmente liberada después de pasar 10 días retenida por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La familia había llegado a México con visas en regla, pero las autoridades migratorias les negaron la entrada al país sin ofrecer mayores explicaciones.

Detención sin justificación clara

La familia, integrada por una madre y tres menores de 7, 9 y 11 años, arribó a la Terminal 2 del AICM procedente de China, con visas válidas. Sin embargo, el INM determinó que no cumplían con los requisitos para ingresar al país, sin especificar las razones de la negativa, más allá de señalar que "no eran admisibles". A pesar de contar con los documentos necesarios, la familia fue retenida por las autoridades migratorias, lo que generó preocupación y condena por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La organización Imumi indicó que, tras la detención de la familia, se promovió un amparo contra la deportación el mismo día de su llegada. A pesar de que un juez emitió una orden de liberación el 13 de noviembre, el INM mantuvo a la familia bajo custodia durante varios días más. Finalmente, la noche del 23 de noviembre, la familia fue liberada y trasladada a un hotel en la Ciudad de México, donde pudieron reunirse en condiciones más dignas y seguras.

Críticas a la detención de familias y niños

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Imumi recordó al INM que la detención de niños y familias es contraria a la legislación mexicana y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. "La niñez y las familias no deben ser detenidas", señaló la organización, subrayando que cualquier persona que requiera protección internacional no debe ser rechazada ni sometida a detención arbitraria.

Imumi también destacó que la detención prolongada de la familia, especialmente de niños menores de edad, viola sus derechos humanos y contradice los principios fundamentales de protección que deben prevalecer en situaciones de migración.

El caso ha generado un llamado a las autoridades para revisar las prácticas del INM en cuanto a la admisión de migrantes, especialmente en lo que respecta a los procedimientos de revisión y detención de personas que ingresan al país con documentos válidos. Activistas y defensores de los derechos de los migrantes han insistido en que las autoridades deben garantizar que las políticas migratorias sean claras, justas y respetuosas de los derechos humanos, y que no se discrimine ni se detenga de manera indebida a personas que buscan protección o que cumplen con los requisitos legales.

Este incidente resalta la necesidad de un enfoque más humano y transparente en el trato hacia los migrantes, especialmente hacia las familias y menores de edad, en un contexto donde la protección de los derechos de las personas migrantes se encuentra en el centro de los debates internacionales.