Especialistas alertan sobre desafíos para el TEPJF tras elección más violenta en México

Especialistas participantes en la plataforma de análisis Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) han emitido un informe alertando sobre los desafíos que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras el proceso electoral del 2 de junio, catalogado como el más violento en la historia reciente de México con casi 2000 eventos violentos y 34 asesinatos relacionados.
El informe destaca que el proceso electoral estuvo marcado por violaciones a las normas electorales, inequidad en el acceso a medios y recursos, así como la falta de neutralidad de funcionarios políticos clave. Se menciona también que el presidente de México recibió más de 30 medidas cautelares por su intervención constante en el proceso electoral.
Lourdes Morales, coordinadora del informe, subrayó la importancia de que el TEPJF revise minuciosamente la regularidad del proceso electoral, a pesar de los resultados contundentes obtenidos. Los especialistas recomendaron a los actores políticos actuar con apego a la legalidad y respetar los procedimientos y resultados electorales, incluso si no son favorables.
El ANIE cuestionó los anuncios anticipados de resultados y las integraciones adelantadas del Congreso por parte de la Secretaría de Gobernación antes de los cómputos distritales. También expresaron preocupación por los retrasos en los resultados preliminares anunciados por el INE y las descalificaciones hacia las autoridades electorales por parte de algunos actores políticos.
Finalmente, los especialistas enfatizaron que no se ha probado fraude alguno durante el proceso electoral, a pesar de las impugnaciones presentadas. Al corte, se han recibido 43 Juicios de Inconformidad (JIN) directamente en el TEPJF, principalmente contra los resultados de cómputo distrital de la elección presidencial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continúa evaluando las impugnaciones y se espera que sus decisiones sean fundamentales para mantener la transparencia y legitimidad del proceso electoral mexicano.