La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado el decreto mediante el cual el Congreso de Nuevo León estableció la facultad de inhabilitar de forma inmediata a cualquier servidor público, incluyendo al gobernador de la entidad, durante un proceso de juicio político, como es el caso actual del gobernador Samuel García.

En la resolución de la Controversia constitucional 31/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, los ministros determinaron que la destitución de un funcionario por juicio político es una facultad exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como jurado de sentencia. Argumentaron que el Congreso local solo puede sustanciar el procedimiento, pero no imponer una sanción anticipada que equivalga a una destitución.

La SCJN consideró que la medida de inhabilitación inmediata por parte del Congreso interferiría en el mandato popular conferido al gobernador, protegido contra interferencias indebidas que puedan alterarlo. Se señaló que dejaría sin titular a uno de los poderes del gobierno estatal.

En contraposición, una mayoría de ocho ministros contra dos validó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, que determinó la procedencia de la denuncia de juicio político contra Samuel García por entregar fuera de plazo el proyecto de presupuesto de la entidad para el ejercicio fiscal de 2023. Sin embargo, se aclaró que este acuerdo no implica la separación del cargo del gobernador, ya que el mismo no contiene dicha disposición.