Detrás de la rebelión contra la FIFA se encontraba una operación económica de enormes dimensiones. El organismo pretendía crear una filial valorada en 20 mil millones de dólares y vender cerca del 20% a inversionistas externos, con la intención de recaudar hasta 4 mil 200 millones para financiar programas y proyectos de desarrollo futbolístico.

La empresa, denominada FIFA Forward Enterprise, administraría algunos de los activos comerciales más valiosos del deporte: derechos audiovisuales, patrocinios, licencias, boletos y otras fuentes de ingresos relacionadas con el Mundial y los torneos internacionales. La FIFA aseguraba que el capital privado sería minoritario y que no intervendría en las reglas, sedes o decisiones deportivas.

Gianni Infantino habría planteado que cada una de las 211 asociaciones nacionales recibiría 40 millones de dólares si el proyecto era aprobado antes del 19 de septiembre. Sin embargo, Concacaf cuestionó por qué era necesario acudir al capital privado después de los elevados ingresos obtenidos por la FIFA y pidió analizar la utilización de las reservas existentes.

La oferta económica no consiguió vencer la resistencia. Confederaciones, sindicatos de futbolistas y dirigentes reclamaron un proceso abierto e inclusivo. Finalmente, un reporte señaló que la operación fue abandonada ante la falta de respaldo, aunque Reuters precisó que no pudo confirmar inmediatamente su cancelación directamente con la FIFA.