El comisariado ejidal enfrenta acusaciones de amenazas mientras disputan el control de tierras ricas en recursos

En una reunión con Ana Elena Hernández Núñez, directora de Asuntos Agrarios del gobierno de Jalisco, miembros del comisariado del ejido de Ayotitlán intentaron aclarar las acusaciones hechas en su contra por un grupo de ejidatarios y comuneros que han presentado una denuncia ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en Colima.

Juan Mancilla Roblada, presidente del comisariado de bienes ejidales, aseguró que los opositores a la actual mesa directiva han presentado una denuncia falsa, alegando que han recibido amenazas de muerte. Mancilla Roblada argumentó que los reclamos de estos opositores, que buscan el control de un territorio valioso por sus recursos minerales y forestales, están basados en engaños.

El 30 de agosto, los inconformes acudieron a Colima, custodiados por policías estatales de Jalisco, tras solicitar apoyo al gobierno estatal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según Mancilla Roblada, la denuncia de amenazas es un intento de desviar la atención de sus propios problemas y fracasos en las pasadas elecciones.

Mancilla también destacó que, tras la revisión del caso, el magistrado Jesús Antonio Frías Cardona determinó que las tierras en disputa pertenecen a Ayotitlán, invalidando así el reclamo de los opositores. Según el resolutivo, la solicitud de deslinde no procedió, y se desestimaron las alegaciones presentadas.

El conflicto en Ayotitlán está enraizado en intereses por controlar el ejido y renegociar acuerdos económicos con la minera Peña Colorada, los cuales datan de 2011. Este conflicto ha generado división entre los ejidatarios, incluyendo reportes de muertes, desapariciones y amenazas.

Los acuerdos de la audiencia en Colima indicaron que las diligencias de jurisdicción voluntaria solicitadas por los quejosos se han archivado, aunque se han dejado a salvo los derechos de los promoventes para hacer valer sus intereses en la forma que consideren adecuada. Los núcleos agrarios involucrados expresaron su oposición a las diligencias y señalaron que cualquier disputa sobre la ubicación de las tierras será resuelta en procedimientos contenciosos futuros.