Mario Alberto Becerril y María Angélica Díaz reciben una condena de 1,115 años y seis meses tras defraudar a 244 personas

Mario Alberto Becerril García y María Angélica Díaz Pichardo fueron condenados hoy a mil 115 años y seis meses de prisión por un Tribunal de Alzada del Poder Judicial del Estado de México. Los acusados fueron hallados responsables del delito de fraude en agravio de más de 240 personas, en un caso que ha causado gran impacto en la región.

La sentencia, dictada por segunda instancia, no solo ratificó la culpabilidad de los imputados, sino que aumentó su condena original de mil 69 años de prisión por 46 años adicionales. Además, se les impuso una multa de 2 millones 419 mil 133 pesos a cada uno. Esta sentencia resulta de un extenso proceso judicial en el que se comprobó que los condenados, junto con un cómplice no identificado, defraudaron a 244 víctimas en el municipio de Tenancingo, al sur del estado.

De acuerdo con el expediente judicial, los acusados se hicieron pasar por socios de la caja de ahorros "Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria". Bajo este engaño, invitaron a ciudadanos, principalmente de la tercera edad, a invertir su dinero con la promesa de rendimientos anuales de entre el 12 y el 20 por ciento, y la posibilidad de convertirse en socios de la financiera.

A lo largo de diez años de operaciones fraudulentas, que comenzaron en 2009, los implicados recaudaron más de 91 millones de pesos a través de depósitos bancarios y pagos en efectivo. Sin embargo, en agosto de 2019, cuando varias víctimas solicitaron la devolución de sus inversiones y rendimientos, los acusados alegaron falta de fondos para realizar los pagos y se negaron a devolver el dinero.

Ante la negativa de los acusados y el cierre de la financiera en Tenancingo, las víctimas denunciaron los hechos a la Fiscalía estatal. Tras una exhaustiva investigación, las autoridades lograron identificar y capturar a los responsables, quienes fueron finalmente llevados ante la justicia.

El largo proceso penal culminó con la sentencia de un juez de control, y la apelación de los condenados resultó en una sentencia aún más severa por parte del Tribunal de Alzada. Esta condena refleja el compromiso del sistema judicial por hacer justicia en casos de fraude de gran envergadura.