El gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei ha presentado al Congreso un controvertido proyecto de ley que permitiría la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el control de personas y vehículos sospechosos, y las detenciones en flagrancia. Esta propuesta ha generado una fuerte alarma en los organismos de derechos humanos y ha suscitado críticas de figuras prominentes como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El proyecto incluye la creación de un comité de crisis encargado de calificar acciones como terroristas, que podrían ser usadas para justificar el despliegue militar en situaciones de inseguridad. El vocero presidencial Manuel Adorni explicó que el comité evaluará si las acciones buscan atemorizar a la población y amenazan la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación del país.

Según el proyecto, el comité de crisis tendría la autoridad para ordenar a las fuerzas armadas realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, y operaciones en puntos fijos o móviles. También se permitiría el uso de la fuerza para proporcionar seguridad en instalaciones específicas y para efectuar detenciones en flagrancia. Las operaciones requerirían la autorización de los gobernadores de las zonas afectadas y se regirían por los mismos términos aplicables a las fuerzas de seguridad nacionales.

Una de las disposiciones más controversiales del proyecto es la eliminación de las restricciones constitucionales que impedían la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior, una medida implementada tras la última dictadura militar para evitar abusos de poder. Además, el proyecto estipula que el uso de medios materiales de coacción por parte de los militares deberá ser racional, progresivo y proporcional, y que su accionar será considerado cumplimiento de deber y por lo tanto no punible según el artículo 34 del Código Penal.

El proyecto también se enmarca en un contexto de mayor control estatal, con la reciente implementación de una Unidad de Inteligencia Artificial para el patrullaje cibernético. Esta medida, liderada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, permitirá la vigilancia de comunicaciones privadas, la creación de perfiles de sospechosos y potenciales allanamientos, generando preocupación por una posible persecución política.

Adolfo Pérez Esquivel ha criticado duramente el proyecto, advirtiendo que estas reformas podrían deshacer los avances en derechos humanos y poner en peligro la soberanía nacional. Pérez Esquivel instó a evitar la aprobación de estas medidas en el Congreso, argumentando que permitirán violaciones de derechos y un retroceso en el camino hacia la paz y el respeto internacional.