La elección de Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador ha generado una fuerte controversia en el país, debido a sus conexiones previas con figuras políticas y su historial como abogado de casos controversiales, incluyendo el narcotráfico. Esta designación ha suscitado preocupaciones en la opinión pública ecuatoriana, especialmente por las irregularidades en el proceso de selección y las implicaciones que podría tener para el sistema judicial del país.

Mario Godoy, abogado de formación y con experiencia en diversos cargos públicos, ha sido cuestionado por su representación legal de personas involucradas en casos de alto perfil, como los hermanos Larrea, vinculados a actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. Además, ha defendido a figuras políticas controversiales como Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa, y Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik.

El proceso de selección de Godoy estuvo marcado por irregularidades, incluyendo la abrupta elección de Dunia Martínez un día antes de su designación final. A pesar de las impugnaciones presentadas en su contra, estas no fueron consideradas debido a la ausencia de los impugnantes en la audiencia correspondiente, lo cual generó más críticas hacia el proceso de selección.

La figura de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura es especialmente relevante en este momento, ya que estará a cargo del concurso para la elección de jueces nacionales, quienes tendrán la responsabilidad de revisar casos emblemáticos en la instancia de casación, incluyendo el de Rafael Correa y varios funcionarios de su administración.

La Asamblea Nacional de Ecuador deberá ratificar la elección de Godoy, lo cual se espera que suceda próximamente. Esta situación ha puesto de relieve las tensiones y la disputa política en torno al poder judicial ecuatoriano, subrayando la importancia de un proceso transparente y equitativo en la selección de las autoridades judiciales del país.

La controversia en torno a Mario Godoy refleja la preocupación pública por la independencia y la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano, elementos fundamentales para la consolidación del Estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país.