Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México, ha dado un paso significativo al firmar y enviar sus primeras tres reformas constitucionales a la Secretaría de Gobernación (Segob) este miércoles. Estas iniciativas están centradas en la implementación de sus programas sociales clave: una beca universal para estudiantes de educación pública de nivel básico, una pensión universal para mujeres de 60 años en adelante, y la prohibición de la reelección de legisladores y autoridades locales.

En una conferencia de prensa celebrada desde su casa de transición, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por Ernestina Godoy Ramos, quien será su próxima Consejera Jurídica. Durante el evento, se detalló que las reformas propuestas tienen como objetivo beneficiar a sectores específicos de la población mexicana y fortalecer los principios democráticos en el país.

La primera reforma busca establecer una beca universal para estudiantes de educación básica en escuelas públicas, comenzando en 2025 con un enfoque inicial en 6 millones de adolescentes que cursan la secundaria. Esta medida tiene como fin garantizar acceso igualitario a la educación y apoyar el desarrollo académico de la juventud mexicana.

La segunda iniciativa está dirigida a implementar una pensión universal para mujeres de 60 años en adelante, beneficiando a aproximadamente un millón de mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Esta pensión se diseñará con criterios de universalidad para asegurar que todas las mujeres elegibles puedan acceder a este beneficio vital.

Finalmente, la tercera reforma propuesta busca modificar varios artículos constitucionales, incluyendo el artículo 59, para prohibir la reelección de legisladores federales, legisladores locales, presidentes municipales, alcaldes y concejales. Esta medida busca fortalecer la rotación en los cargos públicos y fomentar la renovación democrática en todos los niveles de gobierno.

Las reformas constitucionales enviadas por Claudia Sheinbaum representan los primeros pasos hacia la implementación de su agenda presidencial centrada en la equidad social y el fortalecimiento institucional en México. Se espera que estas propuestas sean evaluadas y discutidas en los próximos meses en el marco legislativo correspondiente.