El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) emitió un informe el lunes indicando que la Unión Europea no está adecuadamente preparada para enfrentar una potencial crisis del gas en el futuro, a pesar de las medidas adoptadas tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, que redujo significativamente el suministro de gas a Europa.

Durante la crisis del año pasado, la UE implementó políticas de emergencia para llenar los depósitos de gas, reducir el consumo y coordinar la compra conjunta de combustible. Si bien estas acciones ayudaron a evitar una escasez grave, los auditores del TCE señalaron que no está claro hasta qué punto estas medidas mitigaron la crisis, considerando otros factores como las condiciones climáticas favorables y los altos precios del gas.

Aunque la UE logró establecer nuevas rutas de suministro y garantizó que los países llenaran sus reservas antes del invierno, la auditoría destacó que no se abordó adecuadamente el tema de la asequibilidad del gas. Los precios se dispararon significativamente en 2022, superando los 300 euros por megavatio hora en agosto, frente a los 50 euros del año anterior.

João Leão, líder de la auditoría, criticó que la Comisión Europea no haya modelizado adecuadamente los impactos de un posible corte en el suministro de gas ruso sobre consumidores e industrias desde 2014. Además, se reveló que seis países de la UE tienen la opción de cortar el suministro de gas a sus vecinos en caso de emergencia, evidenciando lagunas en la cooperación intereuropea.

La auditoría no abordó directamente las implicaciones de la expiración del acuerdo de tránsito de gas ruso a través de Ucrania este año, pero subrayó que la dependencia de la UE de Rusia ha disminuido del 45% en 2021 a aproximadamente el 15% en 2022.

Se espera que la demanda de gas en Europa disminuya conforme avancen los objetivos climáticos, aunque los auditores advierten que la UE está rezagada en la construcción de infraestructuras para capturar las emisiones de la combustión de gas, lo cual es crucial para cumplir con las metas ambientales a largo plazo.

Esta evaluación subraya la necesidad urgente de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de la UE ante futuras crisis energéticas, garantizando la seguridad y estabilidad del suministro en un contexto geopolítico incierto.