El Gobierno de Perú generó controversia al aprobar el Decreto Supremo 009-2024, que ha sido ampliamente criticado por incluir categorías de identidad de género y orientación sexual dentro de clasificaciones de trastornos mentales. Firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, el documento identifica explícitamente a la población trans y a las dudas relacionadas con la identidad de género como condiciones de salud mental a ser abordadas.

El fundamento para esta clasificación proviene de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, esta decisión ha desatado preocupación y rechazo en la comunidad LGBTQIA+ en todo el país.

Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, explica que el decreto modifica la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS), determinando qué enfermedades son cubiertas por los seguros. Sin embargo, señala que esta modificación amenaza a una de las poblaciones más vulnerables del país.

Cabrera explica que el decreto, basado en el CIE-10 de 1992, contrasta con el CIE-11 de 2019, actualmente vigente, que no patologiza las diversidades sexuales y de género. Aunque el Gobierno de Boluarte aprobó el DS, es el Minsa la entidad que dio luz verde para que la propuesta prospere.

Las implicancias del decreto son significativas para la comunidad LGBTQIA+: aumentará la difusión de discursos discriminatorios, limitará el acceso a servicios de salud, expondrá a personas trans a ser sometidas a terapias de conversión y afectará el reconocimiento de su identidad.

Esta medida ha generado preocupación y críticas, ya que representa un retroceso en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQIA+ y pone en riesgo su salud y dignidad.