México ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contundente contra Ecuador por la agresión violenta a su embajada en Quito y a su personal diplomático, pidiendo la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que el país sudamericano ofrezca una disculpa pública y reconozca las violaciones al derecho internacional.

La canciller Alicia Bárcena, en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que la demanda busca que se establezca un precedente internacional contra cualquier nación que infrinja los principios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, asegurando la inviolabilidad de los locales diplomáticos.

El presidente López Obrador señaló que esta acción legal pretende poner a prueba el sistema multilateral y evitar futuras violaciones graves al derecho internacional. Añadió que esta situación podría afectar el futuro político del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, mientras México considera la posibilidad de interponer acusaciones penales contra los funcionarios involucrados en el incidente.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que la demanda presentada se basa en violaciones específicas a la Convención de Viena, así como a las convenciones interamericanas sobre asilo, destacando el caso de Jorge Glas, ex presidente ecuatoriano, quien sigue siendo reconocido por México como asilado político.

El proceso en la CIJ se encuentra en sus etapas iniciales, con la entrega formal de la demanda por parte de una delegación jurídica mexicana, y se espera que en los próximos meses tanto Ecuador como México presenten sus argumentos detallados ante el tribunal.

En cuanto a la reacción interna en México, López Obrador mencionó que, aunque hay un segmento de la población que ha expresado apoyo a Ecuador, la mayoría de las fuerzas políticas han mostrado su rechazo a los hechos ocurridos. Asimismo, se abstuvo de tomar acciones contra Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Ecuador y mexicana naturalizada ecuatoriana, reiterando el compromiso de México con las libertades fundamentales.