La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado la ilegalidad de la concesión otorgada por el Gobierno del Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año 2008, para la explotación del Viaducto Bicentenario. Según la FGR, esta concesión fue absolutamente ilegal y nula, constituyendo el delito de Explotación de un Bien de la Nación, según lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.

El saqueo resultante de esta explotación ilegal asciende a más de 8 mil millones de pesos, con el particular beneficiándose del 99.5% de los ingresos totales, mientras que el Gobierno del Estado de México solo recibió el 0.5%. Además, la Federación no ha recibido ningún ingreso por la explotación de este bien propiedad de la Nación en los últimos quince años.

La FGR ha destacado que este caso no se trata simplemente de una cuestión administrativa o civil, sino que constituye un delito penal independientemente de los actos fraudulentos realizados para encubrirlo. La única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), según lo establecido en la ley.

Además, la FGR ha anunciado una acción legal contra el juez Daniel Ramírez Peña, quien, según se informa, emitió públicamente una opinión sobre el caso y anunció su veredicto antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes. La representación social de la Federación ha recusado al juez en audiencia por incurrir en una causa de impedimento, y se iniciará un juicio correspondiente, independientemente de los recursos legales disponibles.