La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta nuevas presiones políticas tras la detención de César Jáuregui Moreno, quien se desempeñó como fiscal estatal, en un caso que ha generado divisiones dentro del Partido Acción Nacional (PAN). La investigación está relacionada con un operativo antidrogas realizado en abril en la Sierra Tarahumara, donde se conoció posteriormente la participación de agentes de la CIA.

El caso ha cambiado el escenario político para la mandataria estatal. Mientras al inicio la polémica se centró en la presencia de agentes estadounidenses en una operación dentro de Chihuahua, la detención del exfiscal trasladó parte de la discusión hacia las responsabilidades de los funcionarios que participaron en la planeación y ejecución del operativo.

La decisión de deslindar responsabilidades en Jáuregui también ha generado críticas de actores políticos que consideran necesario esclarecer qué autoridades conocían la intervención extranjera y bajo qué condiciones se permitió. Dentro del PAN, el episodio ha provocado tensiones entre quienes respaldaban al exfiscal y quienes han optado por mantener distancia ante las acusaciones.

La investigación continúa siendo un asunto de relevancia nacional por sus implicaciones jurídicas, políticas y de seguridad. Además de determinar la posible responsabilidad penal del exfuncionario, el proceso podría influir en la posición política de Campos y en las discusiones sobre los mecanismos de cooperación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.