Hoy, investigar un feminicidio puede implicar procedimientos y criterios diferentes dependiendo del estado donde ocurrió. Para reducir esas desigualdades, el Congreso recibió propuestas que buscan crear un marco nacional aplicable en todo México y establecer obligaciones compartidas entre Federación, estados y municipios.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene 62 artículos y 12 disposiciones transitorias. Plantea homologar el tipo penal, las razones de género, los protocolos de investigación y la reparación integral del daño; además, establece penas de 50 a 70 años de prisión y contempla 19 circunstancias agravantes.

De manera paralela, la diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá presentó un proyecto que propone crear un Registro Nacional de Feminicidios, una comisión especializada y un sistema de información para evaluar las políticas públicas. También plantea protección y acompañamiento para víctimas indirectas, especialmente menores que quedan en situación de orfandad.

La iniciativa presidencial fue enviada a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado. El proceso apenas comienza: legisladores deberán analizar las coincidencias, diferencias y recursos necesarios antes de que alguna propuesta pueda avanzar hacia una votación.