Autoridades devuelven 710 propiedades a legítimos dueños tras detectar redes dedicadas al despojo

Aseguran más de mil inmuebles en 63 municipios

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, como parte de la Operación Restitución, se han asegurado 1,190 inmuebles relacionados con posibles delitos de despojo en 63 municipios de la entidad. Del total, 710 propiedades ya fueron devueltas a sus dueños tras acreditar la posesión legítima.

Propiedades recuperadas

Entre los bienes restituidos se encuentran:

• 650 casas habitación

• 58 predios

• 2 locales comerciales

Restitución sin esperar sentencia

Como parte del proceso, las autoridades implementaron un mecanismo que permite devolver las propiedades sin necesidad de esperar una resolución judicial, siempre que las víctimas presenten documentación válida que demuestre su propiedad. Este paso busca agilizar el regreso de los inmuebles y reducir el rezago en trámites.

Coordinación de fuerzas de seguridad

La estrategia forma parte de los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México, con participación de instituciones como la Fiscalía estatal, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad mexiquense y policías municipales.

Redes de despojo señaladas

La Fiscalía identificó que diversas organizaciones operaban bajo la apariencia de sindicatos o agrupaciones sociales para apropiarse ilegalmente de propiedades. Entre estas redes figuran colectivos como GOPEZ, Los 300, USON, Los Gastones y otros similares vinculados al despojo de viviendas con apoyo de presuntos servidores públicos y notarios.

Nuevos cateos y aseguramientos

Solo entre el 16 y el 21 de noviembre, se realizaron cateos en 18 municipios que derivaron en el aseguramiento de 41 nuevas propiedades probablemente involucradas en delitos de usurpación.

Falta por devolver el 40% de los inmuebles

Aunque la estrategia ha avanzado, aún el 40% de los inmuebles asegurados no ha sido devuelto a los propietarios. Autoridades explican que, en muchos casos, las personas que reclaman los bienes no cuentan con documentos suficientes para acreditar la titularidad, lo que mantiene abiertos los expedientes.